Problemática de la propuesta de PRODECON para retención de IVA e ISR a servicios

 

Fuente: www.fiscalia.com

Recientemente la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) presentó una propuesta de reforma que denomina Propuesta de Reformas Legales para Combatir la Comercialización de Comprobantes Fiscales que Amparan Operaciones Inexistentes o Simuladas, a través de la cual busca erradicar la práctica de la venta de facturas.

La Procuraduría propone, grosso modo, una retención de las dos terceras partes (10.66%) del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y 10% del Impuesto sobre la Renta (ISR) a la prestación de servicios en general. Los obligados a retención serían las personas morales y las físicas con actividad empresarial.

Propuesta
De forma específica, la PRODECON propone (se transcribe de su comunicado publicado en la página de Internet):

Ley del Impuesto al Valor Agregado
1.Las personas morales quedarían obligadas a retener las dos terceras partes del IVA que se cause cuando paguen servicios independientes prestados por personas morales.

2.Las personas físicas con actividad empresarial quedarían obligadas a retener las dos terceras partes del IVA que se cause cuando paguen servicios independientes prestados tanto por personas físicas como por personas morales.

3.La Federación, Ciudad de México, Estados y Municipios quedarían obligados a retener las dos terceras partes del IVA que se cause cuando paguen servicios independientes prestados tanto por personas físicas como por personas morales.

4.Se exceptúa de las retenciones mencionadas a los servicios prestados por los integrantes del sistema financiero, así como a los servicios que a su vez presten la Federación, Estados, Municipios y sus organismos descentralizados.

5.Se propone que el impuesto retenido y enterado pueda ser acreditable en el mes en que se haya efectuado el entero de la retención.

Ley del Impuesto sobre la Renta
6.Las personas físicas con actividad empresarial, las personas morales, así como la Federación, la Ciudad de México, los Estados, Municipios y sus organismos descentralizados, quedarían obligados a retener y enterar, como pago provisional a cuenta del ISR de los prestadores de servicios, el 10% de la contraprestación que se les pague, ya sean personas físicas o morales.

7.Se propone que los contribuyentes deban acreditar el impuesto que se les hubiere retenido contra el monto del pago provisional del que de que se trate. En caso de que el impuesto retenido sea mayor que el monto del pago provisional del mes, se propone que el contribuyente pueda acreditar la diferencia contra el impuesto retenido a terceros en dicho mes.

8.Si después de efectuar dichos acreditamientos existiera una diferencia por acreditar, se propone que el contribuyente pueda aplicar esa diferencia, en forma indistinta, contra pagos provisionales de meses posteriores, contra el impuesto retenido a terceros en meses posteriores y contra el impuesto a cargo del ejercicio de que se trate. De igual forma, se propone que esa diferencia pueda compensarse contra contribuciones federales a su cargo.

Código Fiscal de la Federación
 9.Se propone elevar la penalidad de quien actualice el tipo penal previsto en la fracción III del artículo 113 del Código Fiscal de la Federación, de los tres meses a seis años de prisión que actualmente se prevén para quedar de dos a diez años de prisión.

Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
10.Se propone incorporar el tipo penal correspondiente en el catálogo previsto en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, lo que permitirá que este delito adquiera el carácter de grave e implique prisión preventiva.

Aspectos técnicos
Uno de los principales aspectos técnicos de esta reforma es que, en la obligación de retener, se cambia el concepto “servicios personales independiente” por el de “servicios independientes”; esto es, se elimina el carácter de “personal” el cual, de acuerdo con la Ley del IVA, el servicio personal es aquel que no tiene naturaleza de servicio empresarial.

Esto implica que, con esta reforma, cualquier servicio sería sujeto de retención, sin importar si es de índole civil o mercantil, siempre que quien pague por él sea una persona moral o una física con actividad empresarial.

En este orden de ideas, servicios como el telefónico, de la compañía de cable, de aerolíneas, de Internet, de vigilancia, de reparación o mantenimiento de equipo, etc., serían sujetos de retención tanto de IVA como de ISR.

Problemática en la práctica
De llegar a implementarse esta reforma, se presentan las siguientes problemáticas en la práctica.

» Identificación del régimen fiscal de los clientes
Los prestadores de servicios se verán en la necesidad de tener que identificar en qué régimen tributan sus clientes, para poder así identificar si se les factura con retención o sin retención. Tendrán entonces que establecer procedimientos administrativos para tales efectos.

Por ejemplo: Una aerolínea, al vender sus boletos de avión, deberá preguntar a cada cliente, primero si va a requerir factura por el servicio y, segundo, en qué régimen tributa, pues si el cliente es persona moral o física con actividad empresarial, entonces deberá efectuar el cobro del servicio considerando la disminución de las retenciones.

 

En esta operación habrá que adicionar el ingrediente de que los contribuyentes, que no son especialistas en impuestos, que se dedican sólo a su negocio, pueden no saber en qué régimen tributan y, en consecuencia, no saber si están obligados a retener o no.

Misma suerte seguirán las telefónicas, los talleres de servicio, los despachos profesionales, y cualquier otro prestador de servicio, ya sea civil o mercantil.

» Retención ¿sólo cuándo es gasto de la actividad?
La reforma plantea la retención, por personas morales o físicas con actividad empresarial, pero sin hacer la distinción de que el servicio por el que está pagando forme parte de la actividad o si va a ser deducible; esto es, cuando una persona física con actividad empresarial va a efectuar el pago de un servicio que no es deducible, no resulta claro si tiene la obligación de retener, o bien, si la no retención puede tener una consecuencia o penalidad por parte de la autoridad.

Por ejemplo: Una persona física con actividad empresarial compra un boleto de avión para efectuar un viaje de placer; es decir, no es un gasto de actividad y por ende no es deducible. Puede pensarse que al no ser un gasto de la actividad, no tendría necesidad de efectuar la retención. A fin de cuentas, el gasto no será deducible. No obstante esto, no queda claro si la persona física de todas formas tiene la obligación de retener y enterar ese impuesto.

» Problemas de flujo de efectivo
Los sistemas de retención propician la generación de saldos a favor para la persona a la que le es retenido el impuesto. Generalmente los saldos a favor se generan continuamente y la única opción de recuperarlos es vía devolución.

Cuando se trata de prestadores de servicios que tienen amplios márgenes de utilidad, generalmente el IVA retenido cubrirá sólo una parte del causado en el período, pero en servicios en que los márgenes de utilidad son reducidos, el IVA retenido es generalmente superior al causado, lo que genera saldos a favor.

En este caso, empresas como las expuestas anteriormente (telefónicas, aerolíneas, talleres de reparación, etc.) verían mermado su flujo de efectivo al no recibir en su totalidad los impuestos trasladados por haber sido estos retenidos, y se verán obligados a solicitar devoluciones periódicamente. La experiencia en México ha demostrado que la solicitud de saldos a favor es un trámite complejo, demorado por la autoridad y propicio para la corrupción.

En el caso de prestadoras de servicios que tienen márgenes de utilidad reducidos, una retención el 10% sobre sus ingresos puede resultar en un grave problema de financiamiento y, por ende, de operación.

Objetivo de un sistema de retenciones
Un sistema de retenciones es útil cuando se parte de la premisa de origen, que es el fiscalizar a una gran masa de contribuyentes, a través de unos pocos. El esquema, por ejemplo, en que las personas morales retienen a las personas físicas prestadoras de servicios personales independientes, es un ejemplo de ellos. Un 3% de los contribuyentes son personas morales. A través de ese 3% se fiscaliza a una gran masa de personas físicas.

En la propuesta de la PRODECON, se distorsiona esta premisa invirtiéndola para fiscalizar, a través de una gran masa de contribuyentes, a otra gran masa de contribuyentes, lo que lo torna impráctico.

Reflexiones
Dados los hechos de corrupción recientes en el país cabe preguntarse si el problema de venta de facturas y de empresas fantasmas es un problema de leyes, si es un problema sobre el cual se requieren reformas, o si es un problema de aplicación de la ley actual.

Se debe tener presente que cuando se creó la factura electrónica en su primera versión, se anunció como la herramienta para acabar con la venta de factura; actualmente la versión es la 3.3, y el problema continúa. Se han creado mecanismos como el listado de contribuyentes con operaciones inexistentes, y el problema continúa.

Esto demuestra que el problema no es que la ley o los mecanismos no sean los idóneos, el problema está en que la ley no se aplica para castigar a los infractores, y eso, en ocasiones, obedece a intereses particulares que no desaparecerán al reformar una ley, si esta continúa sin aplicarse.

Otro aspecto a considerar es que en un sistema de retenciones tan amplio como el propuesto, la afectación al sistema de pagos del país puede tener un impacto negativo. El hecho de que los flujos de dinero no lleguen a las empresas, sino que queden retenidos dentro del sistema tributario como anticipo de impuestos, en muchas ocasiones con grandes dificultades para su recuperación como ya fue comentado anteriormente, hace que el dinero escasee, las necesidades de financiamiento se incrementen y, en consecuencia, este se encarezca. Esta propuesta de la PRODECON no parece tener analizado el impacto económico de las medidas.

En este sentido, es importante cuestionar el papel de la PRODECON como promotora de una reforma fiscal. No es la Procuraduría una autoridad fiscal. Es un ente cuyo objetivo esencial es la protección de los derechos de los contribuyentes, debiendo protegerlos de abusos de autoridad, y al buscar proponer reformas, aunque estas sean para acabar con prácticas nocivas, está subvirtiendo su función fundamental. Estas actuaciones en el largo plazo no benefician la institucionalidad de los entes gubernamentales, pues se desvirtúa el objeto para el cual fueron creadas.

Es importante que se reflexione profundamente sobre las implicaciones administrativas que esta reforma tendrá para los contribuyentes, quienes han visto incrementada su carga administrativamente de forma considerable en los últimos 10 años, y sean sopesadas contra le impacto que esta tendrá realmente, no en forma conceptual.

 


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